19/05/2024

Una acción conjunta y coordinada para desgastar al ministro de Seguridad de Llaryora, Juan Pablo Quinteros, comenzó a desplegarse en los últimos días, y es llevada adelante con rigurosidad de relojero: cada día, un dirigente opositor cuestiona al ministro que hasta 2019 fue parte del juecismo y que se mantuvo en el universo opositor hasta el año pasado.

«Somos tan empleados del peronismo que nos metemos a resolver sus internas», dice, embolado, un dirigente radical que rechaza haber trocado elogios hacia otros miembros del Gobierno provincial por misiles constantes a Quinteros. «No es que la seguridad haya mejorado con Quinteros, lo que está mal es sólo criticarlo a él», dice el mismo radical, que se despega de la estrategia.

El blanco de las críticas es el programa de «guardias urbanas», un esquema de vigilancia civil a cargo de los municipios, pero promovido y financiado por el Gobierno provincial. El principal dispositivo es el de la ciudad de Córdoba, que cuenta con 400 agentes civiles y personal policial que patrullan 12 corredores a bordo de 70 vehículos. Esta iniciativa debutó complicada con un escándalo por la provisión de uniformes. El foco de la misión es la prevención de contravenciones y delitos leves, como el arrebato de celulares y carteras.

Luis Juez, antiguo jefe de Quinteros, inició la ofensiva: «Qué sabe Quinteros de seguridad», se pregunta de manera retórica ante cada micrófono. «Juez hace más de 20 años que no gestiona. La única responsabilidad que tuvo desde 2007 fue ser embajador de Ecuador. Y la chocó. Mirá que hay que chocar una embajada», responden cerca del ministro.

La inseguridad es un desastre y Quinteros lo único que hace es hacer declaraciones.

También Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero y sobre quien hay un «operativo clamor» para que presida la Unión Cívica Radical desde septiembre, cruzó al responsable político de la Policía: «La inseguridad es un desastre; y Quinteros lo único que hace es hacer declaraciones», insiste el aliado de Rodrigo de Loredo. Ferrer se ríe como respuesta a la consulta de si hay una jugada conjunta con un sector del gabinete: «Es un funcionario malo de Llaryora, que se haga cargo el gobernador», responde.

En paralelo a los señalamientos de los jefes aparecen decenas de críticas de concejales y legisladores a la política de seguridad liderada por Quinteros, quien por su alto perfil y exposición encendió luces de alerta y desconfianza hacia la interna del peronismo. A eso se suma su pasado juecista. «Llaryora puso de ministro a uno que denunció sistemáticamente a De la Sota y Schiaretti», asegura un dirigente que responde a Alejandra Vigo.

El intendente Marcos Ferrer.

«Juan Pablo tiene tres secretarios. Los tres son peronistas. Es el ministro más peronista del gabinete», replican cerca de Quinteros.

Pese a ser de cuna aristocrática, Quinteros es peronista, una rareza en su familia, histórica socia del Jockey Club. Llegó a las grandes ligas de la política en 2003 de la mano de Juez, de quien fue mano derecha, funcionario todo terreno y encargado de formular las denuncias más resonantes contra el peronismo provincial.

En 2019, al rechazar la ruptura de Juntos por el Cambio acordada con Juan Schiaretti, renunció a su banca en la Legislatura e inició el camino solitario. Fue concejal opositor de Llaryora, a quien apodó «el Señor de los rodillos» como crítica a la política de maquillar la ciudad. En 2023 se postuló para intendente, pero los votos no le alcanzaron ni para sentarse en el Concejo Deliberante. Sin embargo, Llaryora lo convocó al gabinete.

Dicen que la silla del ministro de Seguridad no te lleva a ningún lado… salvo a Pullaro que lo hizo gobernador y a Patricia que la hizo la dirigente con mayor imagen positiva en Córdoba.

Tanto Juez como De Loredo le atribuyen a Quinteros haber obturado la posibilidad de ampliar el frente opositor con Aurelio García Elorrio, un dirigente conservador que era socio del ahora ministro. Según Juez, con esos votos, él habría ganado la elección de junio y sería el gobernador. Ese es el origen de la bronca. Algunos funcionarios provinciales se estarían aprovechando de ese sentimiento genuino para alimentar el operativo desgaste al recién llegado al esquema de Llaryora.

«Dicen que la silla del ministro de Seguridad no te lleva a ningún lado… salvo a Pullaro que lo hizo gobernador y a Patricia que la hizo la dirigente con mayor imagen positiva en Córdoba», es otra lectura pícara que hacen en el entorno de Quinteros. Él, al menos en público, asegura que no tiene otra misión que ser «el mejor ministro de Seguridad posible».

No es menor la enorme exposición de Quinteros en estos cuatro meses de gestión y su alianza estratégica con Bullrich. Comenzó en enero, cuando el cordobés encabezó la «expulsión» de un country de Córdoba de los familiares del narco ecuatoriano Fito Macías; y que incluyó la entrega de los «deportados» a Bullrich y Luis Petri. Por estas horas, las cámaras nacionales vuelven a enfocarlo por el operativo de seguridad que se desplegará para el Boca-River que se disputará con las dos hinchadas en el estadio Mario Alberto Kempes.

Según el Gobierno provincial, entre enero y febrero de este año se registraron 22 homicidios, cinco menos que los ocurridos en el primer bimestre de 2023. De esos, sólo dos fueron en ocasión de robo; mientras que el resto se dieron en el marco de violencia familiar, riñas y hechos de violencia urbana. En el Ministerio de Seguridad suman otro dato: en todos los crímenes hay al menos un detenido a disposición de la Justicia.

En cualquier caso, la jugada no es discutir estadísticas sino sensaciones, una ventaja narrativa que alimenta la oposición y que se potencia ante cada hecho de inseguridad.

En medio de la ola de críticas, Quinteros posteó en su cuenta personal del X la silueta de El Quijote de la Mancha montado sobre Rocinante y la leyenda «LADRAN…», así con mayúsculas.

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