El Senado de Uruguay no pudo completar este miércoles su acto de renovación de autoridades porque la bancada del Frente Amplio, a la que le correspondía la vicepresidencia segunda, se retiró completa en rechazo a un pedido de la titular del cuerpo, la oficialista Graciela Bianchi, para que una senadora opositora se sacara el barbijo que instaba al voto por el Sí en el referendo del 27 de este mes.
La Cámara eligió a sus vicepresidentes para el año, detrás de Bianchi, del Partido Nacional. La vicepresidencia primera fue para Pablo Lanz, del Partido Colorado.
Y la vice segunda fue para la frenteamplista Amanda Della Ventura, a quien, cuando Bianchi la llamó a ocupar el sillón que le correspondía, le pidió que se sacara “la identificación por una de las opciones del referendo”, que, obviamente, era a favor del Sí.
«Los que estamos sentados acá, todos, no tenemos que estar identificados, y sobre todo acá (señala su lugar) en la presidencia del Senado, con ninguna opción política», afirmó Bianchi, que remarcó que le hacía el pedido “por el bien de la República».
La senadora Amanda Della Ventura lamentó lo ocurrido con @gbianchi404 y dijo que seguirá usando estas insignias por el SI hasta el 27 de marzo.
🗣️Amanda Della Ventura: «desprestigia a todo el sistema político». pic.twitter.com/v7La9kCZAU
— Informe Capital (@infocapitaluy) March 9, 2022
La presidenta le advirtió además que si no accedía a sacarse el barbijo no le cedería el lugar y terminaría la sesión, reportaron los sitios de los diarios El Observador y La Diaria.
Hubo discusiones, algunos gritos y un pedido de suspender los otros temas pendientes de debate, hasta que la bancada del Frente Amplio empezó a retirarse.
«No es mi problema, la República está por encima de todos», remarcó Bianchi.
El 27 de marzo, los uruguayos irán a un referendo en el que un grupo de organizaciones busca derogar 135 artículos de los 476 de una Ley de Urgente Consideración (LUC) clave en la gestión del presidente Luis Lacalle Pou.
Esos artículos, cuestionados por gremios, el FA, cooperativistas, ambientalistas y organizaciones estudiantiles, están referidos a cuestiones de seguridad, derecho de huelga, alquileres, salud, empresas públicas y educativas, entre otras.
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