21/05/2024

La reunión estuvo presidida por la diputada Dorys Arkwright, y participaron sus pares Zulema Wannesson; Rodolfo  Schwartz; Juan José Bergia; Rubén Guillón; Gricelda Ojeda; Samuel Vargas; María Pia Chiachio Cavana; y Francisco Romero Castelán.

Como parte del temario de la reunión ordinaria número tres, los diputados recibieron al fiscal de Estado quien acudió junto a la abogada, Laura Recalde, también parte de este organismo.

Durante la misma, explicó y presentó una nota sobre el tema de expropiaciones para que la comisión tenga conocimiento y recordó que la Fiscalía de Estado “cada 6 meses manda un informe respecto a expropiaciones”.

Respecto a la consulta sobre prórrogas que hizo la Comisión, subrayó lo complejo del tema y  que el organismo tiene establecido un presupuesto anual para expropiaciones, y que la cantidad de leyes que se expiden es mucho mayor. Lo que hace que las prórrogas se venzan y no se pueda expropiar por la falta de presupuesto para lograr el pago de los terrenos a sus propietarios.

Analizaron la normativa actual, su vigencia, y si es necesaria una modificación para promover un avance en los procesos de expropiación.

La presidente, Arkwright habló de tomar con responsabilidad este proceso: “No podemos seguir haciendo proyectos para expropiar si la Justicia no interviene en el tema de usurpaciones. Seriedad de cómo vamos a trabajar con las leyes. Si hay gente que está hace muchos años sí, pero si pasaron dos años, es la Justicia la que tiene que actuar primero”.

De igual manera coincidieron en que hay familias que viven en sectores hace más de 30 años y que se debe bregar por defenderlos y garantizar el derecho habitacional.

Durante esta sesión, también se recibió a un propietario, de un campo ubicado a 10 kilómetros de Makallé. Sobre el cual existe un proyecto de ley de expropiación (Nº 852/23).

El diputado Schwartz, autor de la iniciativa, explicó ante los presentes que “el proyecto busca expropiar 440 hectáreas para 23 familias que se encuentran viviendo en este lugar; y dejarle 200 hectáreas a su actual propietario”.  Y se argumentó detallando que se trata de un terreno que se adquirió con familias ya instaladas viviendo allí desde el año 1961.

Se analizó la situación y se definió que el proyecto quede en cartera para hacer un estudio minucioso del tema.

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